sábado, 22 de abril de 2017

Sentencia del Tribunal Monsanto: “Daños a la salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio”

El martes fue el veredicto del Tribunal Internacional Monsanto, que sesionó en octubre de 2016. La multinacional fue hallada culpable por daños a la salud y el ambiente, crímenes de guerra y ecocidio.

Del 14 al 16 de octubre de 2016, en el Instituto de Estudios Sociales (ISS) en La Haya, Países Bajos, cinco jueces de distintas partes del mundo escucharon a más de treinta testigos y expertos de los cinco continentes. El Tribunal Internacional Monsanto de La Haya, de carácter exclusivamente ético, se puso como objetivo sentar bases jurídicas que permitan avanzar en un verdadero proceso contra la polémica multinacional química y agroalimentaria. Para ello se ha basado en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados por la ONU en 2011.

Andrés Arnone Miércoles 19 de abril  
El veredicto del tribunal

El Tribunal concluyó que Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación. Las actividades de la multinacional afectan la disponibilidad de alimentos para individuos y comunidades, e interfieren con la habilidad de los individuos y comunidades de alimentarse a sí mismos directamente o a elegir semillas no modificadas genéticamente. Además, las semillas genéticamente modificadas no siempre son costeables para los agricultores y amenazan a la biodiversidad. Las actividades y productos de Monsanto causan daño al suelo, agua y al ambiente en general. El Tribunal concluye que la soberanía alimentaria también es afectada y resalta los casos en los cuales la contaminación genética de los campos forzó a agricultores a pagar regalías a Monsanto o hasta abandonar sus cultivos no-OGM debido a esta contaminación. Efectivamente hay una infracción al derecho a la alimentación debido al mercadeo agresivo de los OGMs los cuales pueden forzar a los agricultores a comprar nuevas semillas cada año. El modelo agroindustrial dominante puede ser criticado aún más fuertemente debido a que otros modelos –como la agroecología– existen y respetan el derecho a la alimentación.

La actividad de la empresa también afecta de forma negativa el derecho a la libertad indispensable para la investigación científica recurriendo a la intimidación, desacreditación de investigación científica cuando se formulan preguntas serias sobre la protección del ambiente y salud pública.
Con respecto a la creación del Agente naranja, arma química usada por EEUU en Vietnam, que mataba toda vida vegetal y provoca malformaciones en animales y humanos hasta hoy en día, sería cómplice de crímenes de guerra por ecocidio, si la ley internacional tuviese esa figura: "Si el delito de ecocidio se reconociera en el derecho penal internacional, las actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas", advirtió el fallo.

Nuestras vidas valen más que sus ganancias

Desde comienzos del siglo XX, Monsanto ha comercializado productos altamente tóxicos que contaminan el medioambiente de manera permanente, y ha causado enfermedades y muertes a miles de personas en todo el mundo. Entre estos productos se encuentra el PCB, que forma parte de los doce contaminantes orgánicos persistentes (COP) y afectan la fertilidad humana y animal; el 2,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja, que contiene dioxina y que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer hasta hoy; el Lasso, un herbicida que ahora está prohibido en Europa; y el famoso Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo y elaborado en base a glifosato (reconocido por la IARC como potencialmente cancerígeno), que es el causante de uno de los mayores escándalos sanitario y medioambiental de la historia moderna. Este herbicida altamente tóxico, está asociado a los monocultivos transgénicos, principalmente soja, maíz y canola, destinados principalmente para la alimentación animal o para la producción de agrocombustibles.


El modelo agroindustrial promovido por Monsanto y otras empresas, además de ser responsables de enfermedades entre la población y extinción de especies, es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. También es en gran parte responsable del desgastamiento de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y la marginación de millones de pequeños agricultores.


En Argentina, aproximadamente 13 millones de habitantes de ciudades pequeñas y medianas están expuestos a estos agrotóxicos, con tasas de mortalidad por cáncer de hasta un 40%, más del doble que las áreas no expuestas.


Los Estados son cómplices

Ya el Ministro de Agroindustria es productor agropecuario y fue vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En este marco el 50% del suelo cultivable, 15 millones de hectáreas, le pertenece solo a un puñado de 2 mil grandes propietarios, arrendando también muchas otras, llegándose a utilizar este “paquete tecnológico” mortal sobre mas de 20 millones de hectáreas.

Según un informe presentado recientemente por la ONG Greenpeace “al menos treinta funcionarios tienen vínculos con el oligopolio de la industria química”. Esta rama estaría encabezada por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.

La lucha contra la muerte generada por el agromodelo debe ser una lucha contra el Estado y las grandes empresas del sector que lo sostienen, y para llegar hasta el final solo se puede confiar en las propias fuerzas de los trabajadores y sectores populares, así como en la coordinación con otros colectivos en lucha, independientes de los políticos que compartan intereses con empresarios y corporaciones responsables de la muerte y enfermedad de millones.

miércoles, 19 de abril de 2017

El CCARS ningunea en su informe los miles de estudios científicos que constatan los riesgos de los campos electromagnéticos en la salud

La asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud llama a la prudencia y el rigor entre los agentes sociales y medios de comunicación a la hora de difundir un informe sin consenso internacional y con incongruencias demostrables
  • El negacionismo y la banalización de los estudios científicos solventes sobre esta materia muestran la urgencia desmesurada del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) por zanjar un tema que sigue acumulando evidencias científicas
  • Para allanar el camino a la tecnología 5G, el informe del CCARS desinforma a la población ante la preocupación generalizada por los efectos de esta tecnología
  • El informe de los telecos hace propaganda a favor de los intereses de la industria mostrando conflicto de interés 
Ante la presentación del nuevo informe del Comité Científico Asesor en R adiofrecuencias y Salud (CCARS), que tanta difusión mediática ha tenido en los últimos días, la asociación Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (compuesta por afectados de electrohipersensibilidad y sensibilidad química) denuncia el enfoque tendencioso de este informe y el conflicto de interés de la organización privada CCARS, que depende del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Dada la inminencia de la tecnología 5G, la creciente tecnificación de la sociedad y la controversia que ésta presenta a nivel científico y social, el CCARS, autoproclamado comité asesor del Gobierno, ha presentado un informe sin consenso internacional que se apresura a garantizar y justificar la total inocuidad en la salud humana del gran despliegue tecnológico de wifis, antenas de telefonía móvil y dispositivos móviles que se está acometiendo en todos los ámbitos

Este informe desdeña advertencias como la llamada al Principio de Precaución, emitida en 2011 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 1815, en la que se alerta sobre los efectos biológicos para la salud humana de los campos electromagnéticos, y en especial del peligro sobre la salud de los niños y los adolescentes de los dispositivos inalámbricos que emiten microondas (móviles, WiFi, etc.). También con este estudio el CCARS minimiza la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluyó en 2011 a las ondas electromagnéticas en el grupo 2B de la clasificación de elementos cancerígenos, así como la actualización del macroestudio Bioinitiative de 2012.

Especialmente reseñable es el Llamamiento Científico Internacional del 11 de mayo de 2015, International EMF Scientist Appeal, que más de 200 científicos internacionales independientes y expertos en bioelectromagnetismo presentaron ante la ONU y la OMS para reclamar una legislación que proteja a la población internacional de los efectos de los campos electromagnéticos, amparándose en más de 2000 estudios -cifra muy superior a los 350 que dice haber revisado el CCARS-. Este llamamiento aún vigente alerta de que los campos electromagnéticos “afectan a los organismos vivos muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales”, además del “aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, déficit en el aprendizaje y la memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres humanos”.

Muy al contrario, el informe del CCARS no ha tenido en cuenta estas evidencias en sus conclusiones y minimiza todo ello como “mareos, vómitos y malestar general”, cuando los enfermos de electrohipersensibilidad padecen una sintomatología más amplia y discapacitante provocada por la exposición, que según investigaciones se debería a la apertura de la barrera hematoencefálica y conllevaría un riesgo adicional de desarrollar enfermedades crónicas neurodegenerativas. Sin embargo el informe del CCARS se sigue respaldando en el efecto nocebo, que la comunidad científica independiente ya no da por válido al haber sido totalmente descartado ante la evidencia de respuestas fisiológicas objetivadas, lo que queda de manifiesto en la Declaración Científica Internacional de Bruselas sobre EHS y SQM de mayo de 2015.

En su lugar, las técnicas de imagen médica y detección de marcadores biológicos en sangre proporcionan un método de diagnóstico más objetivo y estudian además la relación entre la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple, enfermedad provocada por los tóxicos ambientales presentes en aire, agua, alimentos etc. Estos marcadores biológicos pueden consultarse en Reliable diseasebiomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity andmultiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of aunique pathological disorder (Belpomme, Campagnac e Irigaray, 2015Review of Enviromental Health.

El negacionismo sobre la electrosensibilidad como afección orgánica está generando en las personas damnificadas un nuevo tipo de exclusión que supone una vulneración de sus derechos fundamentales, además de la pérdida de la salud. Sin embargo, la realidad cotidiana de nuestra asociación es que cada vez nos llegan más personas afectadas cuyos síntomas disminuyen cuando reducen su exposición.

Por tanto, cuando países europeos como Francia ya han tomado medidas con respecto a la aplicación del principio de precaución protegiendo principalmente a la infancia, prohibiendo el uso de wifi y tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles y con algunas iniciativas en marcha de reducir niveles de emisión en hospitales con sistemas inalámbricos no peligrosos (LIFI), consideramos que negar la evidencia en pro de los conflictos de interés no es el camino a seguir. Por eso denunciamos que el informe de CCARS puede poner en peligro la salud de la población al ningunear información científica rigurosa y múltiples estudios actuales sobre esta materia.


 http://electrosensiblesderechosalud.org/

¿Para quien trabaja el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS)?

(En la imagen Francisco Vargas, que se presenta como experto en la materia)

Estos días aparece en diversos medios de comunicación nacionales, regionales y locales una noticia relativa a un Informe del autodenominado “Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud”, cuyo director científico (el doctor Francisco Vargas) es un viejo conocido en España de las asociaciones que luchamos desde hace muchos años por prevenir los daños que las antenas de telefonía y los móviles provocan en las personas. Viejo conocido por su completa falta de independencia en el tema que nos ocupa.

Según las noticias que se han divulgado, el estudio ha sido presentado en sociedad por el actual Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, lo que supone un aval de la Administración para el citado estudio y para el señor Francisco Vargas.

El lenguaje utilizado en la presentación, según las noticias difundidas por los medios, es el habitual al que nos tienen acostumbrados en el sentido de que “No se han encontrado” o “No hay evidencias” de que los campos electromagnéticos puedan incidir en la salud de los humanos…”. Evidentemente, no se atreven a decirlo de otra forma porque saben que hay muchos científicos en España y en el extranjero, con un currículum científico en la materia mucho mayor que el del profesor Francisco Vargas, que opinan lo contrario.

Según la noticia difundida por los medios «La evidencia es sólida y contundente, llevamos entre 15 y 20 años con un uso tan masivo de estos dispositivos y, de haber alguna relación, ya se tendría que haber observado de alguna forma», conforme ha destacado el director «científico» de esta entidad, Francisco Vargas, durante la presentación de este trabajo, que ha recogido y analizado las últimas evidencias científicas sobre la materia entre 2013 y 2016.

Desde AVAATE nos preguntamos cómo es posible hacer estas declaraciones con la proliferación de cáncer y enfermedades que se están produciendo en los últimos 20 años, de forma absolutamente inusual y sin precedentes.

Por supuesto se echa la culpa del nerviosismo de la sociedad sobre este tema, únicamente a la labor que asociaciones como la nuestra realiza para divulgar en España, a pesar de las dificultades que existen para ello, los graves daños que para muchos científicos puede provocar esta tecnología. Tarea que debería precisamente ser realizada y financiada desde la propia Administración.

En cuanto a la independencia que “dicen” tiene el citado Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud, solo hace falta señalar que en Marzo de 2016, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) asumió la gestión del Comité, que renovó su estructura y composición. Es por tanto un órgano dependiente directamente de un Colegio Oficial directamente implicado por el interés de desarrollar todas estas nuevas tecnologías. No se trata de ningún organismo, como la Organización Mundial de la Salud, que deba velar por la salud de las personas.

Es desgraciadamente frecuente en el ámbito del tema que nos ocupa, que numerosos expertos que opinan sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas, hayan participado en investigaciones o programas financiados por la industria, lo que, aparte de ser muy discutible desde el punto de vista ético, puede cuestionar seriamente las conclusiones de los mismos.

El Dr. Francisco Vargas, exsubdirector de Salud Ambiental y Laboral del Ministerio de Sanidad y Ciencia, ha sido durante muchos años responsable del Área Biomédica del SATI (Servicio de Asesoramiento Técnico e Información de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre implantación de infraestructuras de radiocomunicación). El 14 de junio de 2005 se firmó entre los entonces Presidentes de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España, respectivamente, un Acuerdo de Colaboración para “el establecimiento consensuado de criterios técnicos, medioambientales y urbanísticos que favorezcan el desarrollo armónico de las infraestructuras de redes de radiocomunicación”. En dicho Acuerdo se reflejaba que el citado Servicio (SATI), entre otras cuestiones, elaboraría y publicaría “material informativo para la atención tanto de los Ayuntamientos como del público en general”. Además, daría respuesta, “a través de la asistencia de un experto de reconocido prestigio, de las consultas sobre los aspectos biomédicos para contestar” a lo que denomina “alarma social”. El responsable durante muchos años del Área Biomédica del SATI ha sido el señor Francisco Vargas Marcos, que, además de haber sido Subdirector General del Ministerio de Sanidad, fue coordinador del “Comité de Expertos” que elaboró el documento “Campos Electromagnéticos y Salud Pública (2001-2004)” y promotor y redactor de la Recomendación del Consejo de Ministros de sanidad de la Unión Europea y del Real Decreto 1066/2001 por el que se establecen límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos.

A pesar de todo lo anterior, es importante señalar que el señor Francisco Vargas no es un auténtico experto y su principal dedicación ha sido la de escribir artículos divulgativos sobre la materia (sus artículos opinan sobre el trabajo realizado por otros investigadores).

Desde el año 2001 una parte importante de la comunidad científica internacional viene pronunciándose sobre la conveniencia de que no se sobrepase el nivel de densidad de potencia de 0,1μW/cm2, es decir, 4.500 veces menos que lo establecido en la Recomendación de 12 de julio de 1999, porque han llegado al convencimiento de que puede haber efectos biológicos a dosis superiores a ese umbral.

En 2007, la Agencia Europea de Medio Ambiente demanda la aplicación del “Principio de Precaución” ante las amenazas futuras sobre la salud plausibles y potencialmente serias derivadas de los campos CEM, basándose en pruebas suficientemente sólidas. Documento “Evaluación de los riesgos de radiación de los dispositivos en la vida diaria”.

Mediante Resolución de 4 de septiembre de 2008, el Parlamento Europeo constata también que los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos, ya que al no haber sido adaptados desde la Recomendación de 12 de julio de 1999, no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más exigentes adoptadas, por ejemplo, por Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños; el Parlamento solicita así al Consejo que modifique su Recomendación 1999/519/CE, con el fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores límite de exposición más exigentes para todos los equipos emisores de ondas electromagnéticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz.

En 2009, Jacquie McGlade, Directora de la Agencia Europea del Medio Ambiente, demanda en la Conferencia “Teléfonos Móviles y Salud, Ciencia y Cuestiones de Políticas Públicas” reducir la exposición a los CEM de los móviles por el riesgo de tumores en la cabeza.

La Resolución del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos, instó a la Comisión a que revisase el fundamento científico y la adecuación de los límites a los campos electromagnéticos fijados en la Recomendación 1999/519/CE. También solicitó a la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes y a la Organización Mundial de la Salud que se mostrasen más transparentes y abiertas al diálogo con todas las partes interesadas a la hora de fijar normas y, entre otras cosas, manifiestó su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros tiendan a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa claramente que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de cautela.

El día 27 de mayo de 2011, la Comisión Permanente del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la Recomendación número 1815, sobre Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, por la que entre otras cosas se acuerda “8.2.1. Establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo plazo a las microondas en todas las zonas interiores, de conformidad con el Principio de Precaución, que no superen 0,6 voltios por metro, y a medio plazo reducirlo a 0,2 voltios por metro”. Este umbral para la actualidad es equivalente a 0,1μW/cm2, 4.500 veces menor, y para medio plazo 45.000 veces menor que los permitidos en el Estado español. Es esta una Recomendación que aprobaron todos los Estados miembros del Consejo de Europa (entre ellos por supuesto España), y a la que no se ha dado cumplimiento en España desde entonces.

La legislación estatal española actualmente aplicable (Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre), que se basa en la Recomendación de 12 de julio de 1999, no llega a discernir entre exposición interior/exterior de los edificios o viviendas, y no contempla los efectos no térmicos y a largo plazo.

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, clasificó en el año 2011 los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (móviles, teléfonos inalámbricos, Wifi, Wimax,…) “como posiblemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2B), basado en un mayor riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer cerebral”.

En 2013 la Agencia Europea del Medio Ambiente publica el estudio "Lecciones tardías de alertas tempranas” Volumen 2, que incluye un capítulo dedicado a los riesgos de la telefonía móvil (capitulo 21).

Durante los últimos años se ha producido un avance científico notorio en la comprensión de los efectos de las radiaciones de telefonía sobre los seres vivos y en los mecanismos biológicos subyacentes a dichos efectos. Como puedeverificarse en la web de AVAATE, los estudios de los últimos años demuestran clara y objetivamente los riesgos de la exposición a las radiaciones de telefonía móvil.

Desde la Asociación AVAATE, el 17 de diciembre de 2014 se presentó un escrito dirigido al entonces Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso Aranegui, en el que se solicitaba la revisión de la actual normativa española en esta materia, sin que desgraciadamente hasta la fecha nadie desde el Ministerio de Sanidad español se haya dignado contestar al mismo. En dicho escrito, entre otras cuestiones, se presentaba sin ánimo exhaustivo una lista de diversos catedráticos e investigadores españoles que habían trabajado en la investigación de los efectos de los campos y radiaciones electromagnéticas sobre la salud de las personas, y que habían demostrado a través de sus propios trabajos publicados y de sus manifestaciones en foros públicos la insuficiencia de la normativa actual para proteger a las personas:
  • Dr. Darío Acuña Castroviejo, Catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada.
  • Dra. María Jesús Azanza Ruiz, Catedrática de Biología Celular y Magnetobiología. Departamento de Anatomía e Histología Humanas, Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza.
  • Dr. D. José Luís Bardasano Rubio, Catedrático de la Universidad de Alcalá y Director del Departamento de Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares.
  • Dr. D. Agustín del Moral, Catedrático de Física de la Materia Condensada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
  • Dr. D. Ceferino Maestu Unturbe, Director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo, Centro de Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid y Director de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud de Madrid.
  • Dr. D. Claudio Gómez-Perretta, Jefe de Sección de Investigación en Salud Pública en el Hospital Universitario La Fe de Valencia.
  • Dr. D. Manuel Portolés, investigador científico del Centro de Investigación del Hospital Universitario. La Fe de Valencia.
  • Dr. D. Enrique A. Navarro, investigador del Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo de la Universidad de Valencia.
  • Dr. D. Josep Ferrís i Tortajada,Pediatra especialista en Oncología infantil del Hospital Infantil Universitario La Fe. Subespecialidad en Salud Ambiental Pediátrica. Coordinador del Grupo de Trabaja de Salud Ambiental Pedíatrica de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Responsable de PEHSU Valencia en la Coalición Internacional Health Care Without Harm. Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) de la OMS.
Señalar por último que por parte del Consejo de Ministros, que está siendo muy diligente a la hora de desarrollar la Ley General de Telecomunicaciones actualmente vigente, se sigue sin aprobar la Comisión prevista en dicha Ley relativa precisamente a la salud y las radiofrecuencias, lo que indica en qué orden de prioridades se desenvuelve en esta materia el Gobierno español.

martes, 18 de abril de 2017

La agricultura ecológica de las grandes distribuidoras crece gracias a la explotación laboral.


La agricultura ecológica en la trampa de la gran distribución

por Sophie Chapelle 10 de diciembre de 2012

Los productos ecológicos han aparecido en los estantes de los supermercados. Pero detrás de la etiqueta de “ecológico” también hay enormes explotaciones que contratan trabajadores muy mal pagados y sin derechos, y que se exportan a todo el mundo. Dentro de la etiqueta “ecológico” también se encuentran productos químicos y otras muchas cosas. El periodista Philippe Baqué, en su libro Lo ecológico, entre la visión de empresa y un proyecto de sociedad, ha denunciado las derivas de la Industria de lo ecológico.

Basta!: Hay cada vez más productos ecológicos en los supermercados. Pero la superficie agrícola que se destina al cultivo ecológicos sigue estancada en los mismos niveles de hace unos años, en Francia (3%). ¿Cómo explicar este contrasentido?

Philippe Baqué [1]: Se asiste desde hace 15 años a un desarrollo fulgurante de la agricultura ecológica. Habría unos 40 millones de hectáreas de cultivo ecológico en todo el mundo, según la Agencia de Cultivo Ecológico (o su equivalente en Alemania y Suiza). Los dos tercios de esta superficie son praderas que pertenecen a grandes explotaciones, donde se alimentan rebaños, la mayoría de los cuales no se venden como ecológicos. Es el caso de Argentina, donde el 90% de los 4,4 millones de hectáreas etiquetadas como ecológicas son tierras destinadas a la cría de ovejas que pertenecen a inmensas explotaciones.

Aparte de estas áreas de cultivo, la mayoría de las superficies de cultivo ecológico certificado pertenecen a grandes explotaciones, especializadas en monocultivos de exportación: soja, aceite de palma, maíz o quinoa. Esta agricultura ecológica certificada está creciendo sobre todo en América Latina (el 26% entre 2007 y 2008), en Asia (10%), África (6%), allí donde la gente consume muy poco de lo que produce. Estos países exportan a Europa. Japón y América del Norte. Este modelo de Agricultura Ecológica reproduce el modelo Agrícola Industrial, con los agricultores del Sur al servicio de los consumidores del Norte, haciéndoles más dependientes.

¿Cuál es la estrategia de negocio de las empresas Bio?

Es una verdadera OPA de los supermercados, que han visto en lo ecológico un mercado emergente que hay que explotar a cualquier precio. Hoy en día, en Francia, el 50% de los productos ecológicos se venden en los supermercados. ¡Es una cantidad enorme! Los supermercados basan su estrategia en la “democratización” de los productos ecológicos. Desarrollan importantes campañas publicitarias, como los supermercados Auchan, que ofrecen 50 productos por menos de 1 euro. Esto lleva hacia la Agricultura Industrial Intensiva, con la importación de grandes cantidades de estos productos a precio reducido. Francia se ha convertido en el principal importados de productos ecológicos, después de haber sido un país exportador.

En el terreno de las frutas y las verduras ecológicas, los grandes distribuidores reproducen en lo ecológico lo mismo que hacen en el sector convencional. Hay zonas que se especializan en una determinada producción: la provincia de Almería se ha especializado en el tomate, el pimiento, el calabacín y la berenjena; en la provincia de Huelva, las fresas. Pero encontramos los mismos productos en la llanura de Agadir en Marruecos, o en el sur de Italia. Los productores de cultivos ecológicos están en plena competencia en toda la cuenca mediterránea. Si el coste del tomate es muy alto en Almería, lo buscan en Marruecos. El único coste que se puede ajustar es el de la mano de obra agrícola, a la que se explota, en su mayoría inmigrantes y con pocos derechos.

¿Esta estrategia de marketing no está en conflicto con la legislación europea? ¿La legislación laboral no se aplica en la agricultura ecológica?

El nuevo reglamento de la UE sobre la agricultura ecológica, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, ha sido adaptado para apoyar el desarrollo de esta Agricultura Industrial Intensiva, y la competencia con otras áreas de producción. Se reduce a principios agronómicos, a técnicas y no establece criterios sociales. No se tienen en cuenta las condiciones de trabajo, ni el tamaño de las explotaciones.

El problema del transporte no se tiene en cuenta. El hecho de que los tomates o las zanahorias procedan de Andalucía o Israel, y se distribuyan mediante camiones por toda Europa no entra en contradicción con la normativa europea. Citemos por ejemplo el caso de la soja ecológica importada desde Brasil, que proviene de enormes explotaciones de 5.000 a 10.000 hectáreas sustraídas de los bosques primarios en el estado de Mato Grosso. El reglamento europeo no prohíbe que los productos ecológicos se cultiven en tierras deforestadas. Lo mismo ocurre con el aceite de palma que importa en grandes cantidades desde Colombia, donde los campesinos fueron desalojados de sus tierras a fin de poner en marchas este tipo de cultivos.

¿No hay riesgo para los consumidores, engañados por estos “productos ecológicos?

Si se sigue en esta línea, la gente no sabrá cuál es una cosa y cuál otra. Se está muy lejos del espíritu de la Carta de 1972 de la Organización Internacional de Agricultura Ecológica (IFOAM), que contenía fuertes principios agronómicos, ambientales, sociales y políticos. Era una cuestión de transparencia, de justicia en el precio, de solidaridad, de no explotación de otros países, de cooperación con el Sur, de diversidad y proximidad en el consumo. Hoy en día, las especificaciones de lo ecológico han escapado totalmente de la mano de los campesinos, aunque los colegios profesionales estén invitados en las discusiones. Al final, son los técnicos de Bruselas, sometidos a presión por los lobbies, los que definen las reglas. Prohíbe a los Estados adoptar reglas más estrictas. Existe el peligro real de que lo ecológico pierda totalmente su sentido.

Afortunadamente algunas marcas tienen unas especificaciones más estrictas que las normas europeas. Tal como ocurre con Naturaleza y Progreso, Demeter, BioBreizh o Bio Cohérence, que apuestan claramente por la Industria ecológica. Algunos productores no quieren la certificación europea y han desarrollado sistemas alternativos de garantía: una revisión basada en la confianza, en presencia del consumidor y el productor. Si detectan que algo funciona mal, ayudan al agricultor a mejorar sus prácticas. Es una lógica de intercambio y solidaridad.

Explica usted que no quiere diabolizar esos agricultores. Los que estan en este sistema de la agricultura ecológica industrial pueden cambiar y salir de este sistema?

Los agricultores se convierten en subcontratistas. Están obligados con las todopoderosas cooperativas agrícolas. La cría intensiva de pollos ecológicos está dominada por cooperativas como Terre du Sud, MaïsAdour o Terrena, ilustrando esta tendencia. En Lot-et-Garonne, por ejemplo, Terre de Sud ha contratado recientemente a los productores, a menudo endeudados, para la cría del pollo ecológico. Se les garantiza un contrato con los grandes distribuidores y los servicios de restauración. La cooperativa les busca financiación, instalaciones, equipos, asesoramiento técnico. Por su parte, el productor firma un contrato por el que se compromete a comprar los pollos para su cría, la alimentación que van a recibir, los productos químicos y otros tratamientos sanitarios [2]. Debe vender toda su producción a la cooperativa, que es la que determina los precios.

Un ejemplo: un productor que firma para la cría de 40.000 pollos. Debe invertir 250.000 euros. La Cooperativa le puede subvencionar con 50.000 euros, el resto lo obtiene mediante un préstamo de un banco. Endeudado desde el principio, el granjero está sometido completamente a la voluntad de las cooperativas, pudiendo decidir que debe producir otra cosa si considera que el pollo ecológico no es lo bastante rentable.

¿En cada uno de estos sectores industriales, pollo, soja, café, aceite de palma, frutas y verduras, existen alternativas ecológicas locales?

Sea cual sea al país que vayamos, nos damos cuenta de que la agricultura no tiene otra salida con el actual sistema agroindustrial, ya sea ecológica o no. He tenido relación con un productor de Almería, lugar donde se concentran la mayor cantidad de invernaderos de todo el mundo. Sus padres se vieron atrapados en este ciclo de producción de frutas fuera de temporada para la exportación. Durante varios años se ha negado a ampliar el negocio. Ha viajado mucho para conocer a otros agricultores ecológicos. Hoy en día, en medio de este mar de plástico, con dos hectáreas de invernaderos y dos hectáreas a campo abierto, sólo obtiene productos ecológicos, emplea variedades locales de semilla y sólo vende a los consumidores de Andalucía. Las formas de resistencia son abundantes: cooperativas agrícolas familiares, comunidades o grupos, cultivos asociados, sistemas agroforestales, permacultura, etc.

¿Un cambio en las prácticas no supone también una reflexión sobre la distribución?

El sistema AMAP (Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura Local) alentó las prácticas de miles de agricultores franceses. También se desarrollaron de forma espectacular los grupos de consumo. En Lot, por ejemplo, los beneficiarios de la RSA decidieron unirse para consumir productos ecológicos locales. Con una crítica bastante radical de la distribución a gran escala, tienen una relación directa con los productores. En el Aveyron, un grupo ayudó a uno de sus miembros a establecerse como productor local. Planteamientos más amplios sobre los alimentos están comenzando a establecerse.

¿La cuestión del precio es algo esencial?

Con unos precios más asequibles se asegura una competencia contra los grandes distribuidores. Pero nunca hablamos del precio real de los productos convencionales. De un tomate convencional producido industrialmente en España, nunca hablamos de los costes del transporte, el coste medioambiental, las subvenciones que recibe y que pagamos todos. Y aún menos se habla de los problemas de salud ocasionados por los plaguicidas. Teniendo en cuenta todo esto, con los márgenes de los intermediarios y de los supermercados, el precio del tomate ecológico se acerca al precio del tomate convencional. No es normal que quienes paguen la certificación sean los productos ecológicos. El que contamina es el que debe pagar. Y los horticultores que trabajan 14 horas al día, seis o siete días a la semana, es esencial que reciban un precio justo por su trabajo.

¿La agricultura ecológica debe conllevar un proyecto social?

La agricultura ecológica no es un fin es sí mismo. Es parte de un movimiento más general basado en el respeto al hombre y la naturaleza. Hay discusiones entre los expertos de si la agricultura ecológica pude alimentar al mundo en el año 2050 o no. La agricultura ecológica no puede alimentar al mundo si no cambiamos el sistema político; si no detenemos las emigraciones masivas a los barrios pobres de las grandes ciudades; si no dejamos de emplear la tierra para los monocultivos industriales para alimentar a los países ricos y a los vehículos; si no acabamos con el capitalismo financiero, el más salvaje que jamás haya existido.

Lo ecológico nos debiera llevar a considerar una sociedad más justa que en la que vivimos. En la actualidad existe un amplio movimiento social, aunque no muy organizado, pero que es portador de una nueva visión de la sociedad, muy extendidas por todo el territorio de nuestro país. La agricultura ecológica no puede existir sin los campesinos. Si no se acaba con la Agricultura Industrial, sólo estaremos acelerando la desaparición del mundo campesino.

Una vida con electrosensibilidad

La dolencia no ha sido demostrada científicamente y la OMS no ha encontrado causa- efecto entre ondas y síntomas, pero existen sentencias que reconocen la incapacidad de algunos afectados
Minerva Palomar (con mascarilla) y Javier Palomeque fueron los encargados de desarrollar
la conferencia. - ISRAEL L. MURILLO  
V. MARTÍN 18/04/2017

«Cuando alguien habla de radiación a la gente le viene a la cabeza una central nuclear, desconocen que la energía nuclear es una fuente de emisión determinada pero también existe la energía no ionizante que nos afecta de otra manera». Así iniciaba el ingeniero químico Javier Palomeque, la conferencia ‘Contaminación electromagnética y electro sensibilidad’, junto a la presidenta de la Asociación Electro y Químico Sensible, por el derecho a la salud, Minerva Palomar.

«Las radiaciones de las que hablamos son, por un lado, altas frecuencias dentro del campo de las microondas que vienen de antenas de telefonía, repetidores de televisión, radares, WiFi, WiMAX y, por otro lado, bajas frecuencias que provienen de la red eléctrica como transformadores y aparatos electrónicos que podemos tener en casa».

Aunque la hipersensibilidad electromagnética no ha sido demostrada de forma científica y la OMS tampoco ha encontrado causa-efecto entre las ondas y los síntomas, existen varias sentencias judiciales que han reconocido la incapacidad total o parcial a personas afectadas por esta dolencia.

«Todos estamos afectados por este tipo contaminación electromagnética», tal y como explica Palomeque, y «existen algunos grupos de riesgo como las personas con hipersensibilidad electromagnética». La sintomatología «puede ser muy variada y difusa, es decir, no todo el que tenga un síntoma de este tipo va a implicar que tenga hipersensibilidad electromagnética», comentó Palomar, quien señaló «los dolores de cabeza, cansancio crónico, dolor generalizado, mareos, sensación de pérdida de equilibrio, inflamación general del aparato digestivo, acúfenos, visión borrosa, taquicardias y arritmias» como algunos de ello.

La hipersensibilidad se incluye dentro del Síndrome de Sensibilización Central que «acoge a afectados de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química», comentó Palomera, quien añadió que «estos colectivos podrían ser más sensibles a estos factores al igual que los son a otros factores ambientales, no es que sean la causa de su problema, pero sí agravan su sintomatología».

Evitar la sintomatología «es complicado» y es que «la mejoría llega cuando la gente deja de estar expuesta a estas ondas o reduce su exposición», comenta Palomar, quien señala que lo más importante es «tener la conciencia de que te puede estar afectando y para ello hay que comprobarlo y objetivarlo, viendo que hay en tu medio y qué puedes hacer».

«Lo único que hay demostrado ahora mismo para evitar o reducir los síntomas es alejarse de la fuente», aseveró el ingeniero, pero «muchas veces no se puede conseguir y lo que podemos hacer es tratar de disminuir en casa el uso de estos aparatos o apagarlos cuando no los usemos e incluso apantallar la vivienda». En este sentido, Palomar hizo hincapié en que «hay un variación enorme de las posibles exposiciones, y es que no es lo mismo pasarse el día pegado a un router a diez centímetros, que tenerlo a tres metros o simplemente apagarlo y estar conectado por cable».

Para Palomar, «los informes que niegan la existencia de esta enfermedad están favorecidos por grandes intereses económicos como es el caso de las grandes compañías telefónicas» y añadía que «se trata de informes sesgados que seleccionan de forma interesada los estudios que convienen a los intereses económicos asociados a esta industria».